La Ley de Terrorismo en Chile
La regulación del terrorismo comenzó
con su consagración en la Constitución de 1980 y luego con la Ley de Terrorismo
N.º 18.314 que nace para cumplir el mandato constitucional, encargándose de
determinar cuáles son las conductas que se consideran terrorista y de
establecer su penalidad. El objetivo político criminal de esta ley fue
proscribir definitivamente las ideologías de izquierda de la época. Ha sido
reformada en 6 ocasiones y ha sido invocada numerosas veces.
Problemas de la Ley de Terrorismo en Chile
El principal problema que se presenta en la aplicación de la ley es el criterio que debe aplicar el tribunal para distinguir si la conducta que esta conociendo corresponde catalogarla como un delito terrorista o como un delito común. El artículo 1º de este cuerpo legal establece que se considerara como terrorista la conducta cuando el hecho se comenta con: “la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas o porque se comete para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”.
Los tribunales de justicia durante la vigencia de la ley han ido desarrollando criterios que le permiten distinguir si la conducta permite ser calificada como terrorista o por el contrario como delito común.
El primer criterio que ha utilizado la jurisprudencia es examinar si concurre un elemento estructural u organizacional entre los autores del delito como asociación terrorista, sin embargo, nada impide que sea uno solo el sujeto que cometa un delito terrorista. El segundo criterio es examinar si la finalidad es con el propósito de atentar contra el orden constitucional interno de un Estado, no excluye que se realice para alterar el orden internacional de los Estados.
Segundo criterio empleado por la justicia de nuestros tribunales es examinar la finalidad de causar temor verificado a través de los medios empleados, este criterio fue utilizado en el famoso “caso Pitronello”, en donde el tribunal estimo que no podía considerarse como terrorista la colocación del artefacto explosivo empleado por el acusado, ya que no tenía la magnitud para causar un temor en la población.
Tercer criterio consideraciones ideológicas a las cuales se adhieren los imputados se han utilizado para la calificación de la conducta como terrorista. Es preciso señalar que, con la evolución de nuestro país hacia la democracia, se ha ido abandonando este criterio pues los jueces razonan que responde a la libertad de pensamiento y expresión de las personas y no como un indicativo de criminalidad terrorista.
Cuarto Criterio, el origen étnico también ha servido para calificar las conductas de terrorista, aun que esto último ocasionó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de Chile por infracción al principio de igualdad y no discriminación, ya que los razonamientos se encontraban cargados de estereotipos y prejuicios que se emplearon para calificar la conducta de terrorista.
Facultades que la Ley de Terrorismo en Chile otorga al Ministerio Público
El otro punto problemático que presenta la ley de terrorismo, se refiere a la mala praxis de su empleo, ya que, si bien las sentencias por conductas terroristas no son elevadas, se suele invocar la aplicación de esta ley, calificando como terrorista la conducta por parte de la fiscalía, para así gozar de las prerrogativas procesales que se le conceden al órgano persecutor durante la substanciación del juicio. Estas facultades son:
-Permite ampliar hasta por diez días los plazos de detención.
-Solicitar la prisión preventiva podrá pedir al juez de garantía que decrete todas o algunas de las medidas del artículo 14 de la Ley Nº 18.314:
1. Recluir al imputado en lugares públicos especialmente destinados a este objeto.
2. Establecer restricciones al régimen de visitas.
3. Interceptar, abrir o registrar las comunicaciones telefónicas e informáticas y su correspondencia epistolar y telegráfica del imputado.
-Solicitar la protección de la identidad de los testigos para que declaren en forma anónima.
De este modo, durante la etapa investigativa los imputados pueden ven fuertemente afectadas sus garantías constitucionales solo por el hecho de llevarse a cabo una investigación por supuesto delito de terrorista, lo que en la mayoría de los casos lleva a los tribunales a absolver o castigar por delitos comunes.

