Salidas Alternativas al Procedimiento
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Las salidas alternativas son una forma de terminar una causa penal sin llegar a la realización de un juicio oral. Persiguen evitar el derroche de recursos públicos en asuntos que tienen poca relevancia jurídica o donde el imputado tiene irreprochable conducta anterior, lo cual tiende a evitar que las personas en este tipo de causas reciban sentencias estigmatizadoras.
En general, son de iniciativa del Ministerio Público, quien las ofrece, sin perjuicio que requieran autorización de los Juzgados de Garantía. Son de carácter voluntaria tanto para el imputado como para la víctima. Otra característica es que pueden ser dejadas sin efecto por incumplimiento de alguna de las condiciones o por ser formalizado el imputado en una nueva investigación, en algunos casos.
Las salidas alternativas son:
- Suspensión condicional del procedimiento
- Acuerdo reparatorio
- Principio de Oportunidad
- No inicio de investigación
- Sobreseimiento
- Decisión de no perseverar
- Archivo provisional de los antecedentes
I. Suspensión condicional del procedimiento
Se trata de un mecanismo procesal que permite a los fiscales del ministerio público, con el acuerdo del imputado y con la aprobación del juez de garantía, dar término anticipado al procedimiento cuando se cumplen ciertos requisitos previsto en la ley y se satisfacen determinadas condiciones fijadas por el juez, que permiten suponer que el imputado no volverá a ser imputado de un delito.
1) Oportunidad procesal para efectuar la solicitud
a. En la formalización de la investigación
b. En audiencia especialmente convocada al efecto, siempre que se que no se encuentre agotada la investigación
c. En la audiencia de preparación del juicio oral.
2) Requisitos de procedencia
a. Que la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no exceda de tres años de privación de libertad, y
b. Que el imputado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito
c. Acuerdo del imputado libre y voluntario
d. Aprobación del Juez de Garantía de la solicitud de suspensión condicional del procedimiento.
3) Fijación de las condiciones
a. Residir o no residir en un lugar determinado
b. Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;
c. Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza;
d. Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a algún programa educacional o de capacitación
e. Pagar una determinada suma, a título de indemnización de perjuicio, a favor de la víctima o garantizar debidamente su pago. Se podrá autorizar el pago en cuotas o en un determinado plazo, el que en ningún caso podrá exceder el período de suspensión del procedimiento;
f. Acudir periódicamente ante el ministerio público y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás condiciones impuestas, y
g. Fijar domicilio e informar al ministerio público de cualquier cambio del mismo.
Es importante recalcar que el querellante puede ser oído para expresar su opinión la que debe considerar el juez de garantía al aprobar el acuerdo. También tiene la opción de apelar si no está conforme con la solución adoptada.
II. Acuerdo reparatorios
Consiste en un acuerdo entre imputado y víctima, en que el primero repara de algún modo que resulte satisfactorio a la segunda las consecuencias dañosas del hecho que se persigue penalmente y que, aprobado por el juez de garantía, produce como consecuencia la extinción de la acción penal.
1. Requisitos de procedencia
a) Afecte bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, o
b) Consista en lesiones graves, o
c) Constituya un delito culposo.
2. Objeto del Acuerdo Reparatorio
Puede consistir en una suma de dinero fijada consensualmente, que constituye una forma de reparación por las consecuencias dañosas del delito que se atribuye al imputado. Sin embargo, tratándose de una solución jurídico-penal al conflicto no cabe entender que el acuerdo reparatorio extingue las acciones civiles derivadas del hecho punible para perseguir las responsabilidades pecuniarias que correspondan, conforme a las reglas comunes. La reparación también puede consistir en otro tipo de prestación por parte del imputado. Incluso podría pensarse en una reparación simbólica que satisficiera a la víctima, o la realización de determinadas acciones en favor de la víctima o la omisión de otras. La única condición es que el objeto del acuerdo sea lícito.
3. Aprobación
La iniciativa para obtener un acuerdo reparatorio puede provenir tanto del imputado como de la víctima. Nada obsta, incluso, a que sea el propio fiscal quien oficie de mediador entre ambas partes cuando estime conveniente la aplicación de esta salida alternativa en el caso concreto. El fiscal podrá oponerse al acuerdo reparatorio sobre la base de que no concurre alguno de los presupuestos legales para su procedencia o que existe un interés prevalente en la continuación de la persecución penal.
Una vez redactado el acuerdo, éste debe presentarse al juez de garantía para su aprobación, en alguna de las audiencias a que se refiere el artículo 245 CPP, que son las mismas para la suspensión condicional del procedimiento. Si se trata de una audiencia especialmente convocada al efecto, el juez debe citar a todos los intervinientes a quienes pudiere afectar la resolución que adopte.
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