Violencia Intrafamiliar

En Abogados Libertad contamos con abogado para asesorarlo en asuntos de violencia intrafamiliar y medidas cautelares en favor de la víctima. Contáctenos y nos comunicaremos con usted.

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I. ¿Qué es la violencia intrafamiliar según la ley?

 

En Chile, la Ley Nro. 20.066 regula la violencia intrafamiliar . En el artículo 5 se define como «Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente».


El inciso segundo agrega » También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar».


Finalmente, la ley considera como violencia intrafamiliar «las conductas ejercida en el contexto de relaciones afectiva o familiares, que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, o la vulneración patrimonial, o de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, tal como el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella, o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas.


El procedimiento de las conductas de violencia intrafamiliar que no constituyan delito se regulan por el procedimiento establecido en la Ley Nro. 19.968 que Crea los Tribunales de Familia.


II. Tribunal competente de conocer de la violencia intrafamiliar

 

Los tribunales competente para conocer de la violencia intrafamiliar son:

-Tribunales de Familia, sobre actos de violencia intrafamiliar que no alcance a constituir delito.

-Juzgado de Garantía, si la violencia intrafamiliar es constitutiva de delito el tribunal competente será de sede penal.


III. Situación de riesgo a sufrir violencia intrafamiliar

 

Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.


Se considerará que existe una situación de riesgo inminente cunado haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor o cuando concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos contra las personas establecidos en el título VIII del Libro II del Código Penal o por infracciones a la Ley de Armas, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.


También, se presumirá que hay una situación de riesgo inminente, cuando el denunciado oponga, de manera violenta, su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido recientemente con la víctima. Asimismo, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable.

 

Finalmente, señala que se considerará especialmente como situación de riesgo inminente el hecho de que un adulto mayor, dueño o poseedor, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por alguno de los parientes señalados en el artículo 5 de la ley.


IV. Medidas cautelares en protección de la víctima e Incumplimiento. Artículo 92 y siguientes de la Ley 19.968 que Crea los Tribunales de Familia

 

El juez de familia deberá dar protección a la víctima y al grupo familiar. Cautelará además, su subsistencia económica e integridad patrimonial. Podrá, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, adoptar una o más de las siguientes:

  1. Prohibir al ofensor acercarse a la víctima y prohibir o restringir la presencia de aquél en el hogar común y en el domicilio, lugar de estudios o de trabajo de ésta, así como en cualquier lugar en que la víctima permanezca, concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.
  2. Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare por no regresar al hogar común
  3. Fijar alimentos provisorios
  4. Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes en conformidad al artículo 225 del Código Civil, y establecer la forma en que mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos.
  5. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos
  6. Prohibir el porte y tenencia o incautar cualquier arma de fuego. 
  7. Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante.
  8. Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad.

Las medidas cautelares podrán decretarse por un período que no exceda de los 180 días hábiles, renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán, también, ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio.


En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos la configuración del delito de desacato.  Sin perjuicio, que imponga al infractor como medida de apremio, arresto hasta por quince días. 


V. Sanciones. Artículo 8 y 9º de la Ley de Violencia Intrafamiliar

 

El artículo 8º señala que Se castigará el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. En caso de incumplimiento el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público, para investigar el delito de desacato. 

 

Por otro lado, el artículo 9º señala como medidas accesorias a la sanción del artículo 8:

1. Obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima

2. Prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar al que ésta concurra o visite habitualmente. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

3. Prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego.

4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

5. Obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez

El juez fijará prudencialmente el plazo de estas medidas, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a dos años, atendidas las circunstancias que las justifiquen. Ellas podrán ser prorrogadas, a petición de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron. 


VI. Registro de Sanciones y Medidas Accesorias 

 

El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las demás resoluciones que la ley ordene inscribir. El tribunal, ejecutoriada que se encuentre la sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al condenado y la sanción principal y las accesorias aplicadas por el hecho de violencia intrafamiliar, con excepción de la de asistencia obligatoria a programas terapéuticos, circunstancia que el mencionado Servicio hará constar además, en el respectivo certificado de antecedentes. 

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